Democracia en do menor

Dicen que la democracia es el gobierno del pueblo, sin embargo, eso no es del todo cierto porque para ello debería manifestarse el propio pueblo cada vez que se toma una decisión. Por eso se reduce todo a unas elecciones donde se eligen a unos representantes del pueblo para que tomen esas decisiones por él. No obstante, una democracia que se precie necesita de una serie de garantías, una de ellas, de actualidad rabiosa, es la que legitima a los poderes reales: La división de los poderes del Estado.
Seguramente hemos escuchado, en demasiadas ocasiones, hablar de la fuerza del cuarto poder y, si me apuran, también de un quinto y un sexto, pero esos no son, propiamente dichos, poderes del Estado. Cuando hablamos de los tres poderes nos referimos al legislativo, al ejecutivo y al judicial.
El actual problema es la injerencia de unos poderes en las atribuciones de los otros. Nuestro país, que es supuestamente parlamentario, es decir, con teórica predominancia del poder legislativo, tiene limitado este poder como consecuencia de la ley electoral de Hond. Por aplicación de esta norma de asignación de escaños (no es una ley propiamente dicha), se limita la pluralidad de los parlamentos, se potencia el poder de los más votados y, por lo tanto, se crean herramientas para que el ejecutivo supere muchos de los escollos parlamentarios que pudieran oponerse a su gobierno. Pero existen otras fórmulas menos elegantes de evitar estos escollos y que implican una suplantación clara del legislativo por parte del ejecutivo: es el uso del procedimiento de “decretos ley”, muy utilizado en el segundo mandato del grupo popular. Durante aquel período, de dudosa legitimidad democrática, también se produjo una irrupción de este poder dentro del judicial, fue mediante el intento de moldeado del perfil ideológico del Tribunal Supremo y, a tenor de los hechos actuales, cave decir que con bastante éxito. Hoy, quizá a raíz de aquel entonces, tenemos como resultado la intromisión de este poder judicial (que por cierto, es él único de los tres poderes que no emana directamente del pueblo) en una de las facetas que pertenecen exclusivamente al ejecutivo.
El caso causa de esta alarma es la posible imputación y enjuiciamiento del Lehendakari Ibarretxe como consecuencia de reunirse con el líder de la ilegalizado partido Herri Batasuna. Esta clara intromisión de poderes es muy grave porque limita las garantías del ejecutivo para negociar, aunque sea con terroristas, entrando en la suplantación del legislativo, que tiene sus herramientas, para sancionar esa acción de considerarla inadecuada o, incluso, la opción del sufragio popular que es la opción, que en último termino, debe dirigir las actuaciones del legislativo. El poder judicial debe limitar sus actuaciones sobre el legislativo cuando claramente se lesionen, por su actuación o inacción, los derechos de los ciudadanos y, hoy por hoy, las reuniones y negociaciones de un poder ejecutivo, como lo es el vasco, de donde no haya surgido ninguna acción, no se pueden determinar como
ámbito de  actuación para el poder judicial.
El grupo popular y el foro de Ermua como una de sus herramientas, han criticado largamente al ejecutivo central por lo mismo, sin poder demostrar tales negociaciones, pero no se han atrevido a intentar tamaña intromisión sobre el gobierno de la nación, en cambio el legislativo autonómico si ha sido blanco de esa intromisión, lo que también puede implicar una desautorización clara del poder de este y a su vez el no reconocimiento de los poderes autonómicos, cosa esta que, en si misma, también podría constituir delito.

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